¿PORQUÉ ABOLIR LA PENA DE MUERTE?

La pena capital viola los derechos humanos fundamentales, art.4° del Pacto de San José de Costa Rica de 1969. En la última década al menos un país por año ha abolido la pena de muerte. Afirmando su respeto por la vida y la dignidad humana. Sin embargo, hay todavía gobiernos que no son consientes de que la pena de muerte no ofrece a la sociedad una mayor protección, sino un mayor embrutecimiento. En diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos Humanos. Esta Declaración es un compromiso entre las naciones para fomentar los derechos fundamentales como base de la libertad, la justicia y la paz. Los derechos que proclama son inherentes a toda persona. Los derechos fundamentales constituyen un límite a lo que un estado puede hacer a un hombre, una mujer o un niño. La pena de muerte no es un acto de legítima defensa frente a una amenaza inminente frente a la vida, consiste en dar muerte en forma premeditada a un preso que podía ser castigado con otros métodos menos gravosos, pero igual buenos. Nunca puede haber una justificación para la tortura o para los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La crueldad de la pena de muerte es evidente. La pena de muerte niega el valor de la vida humana. Al violar el derecho a la vida elimina el fundamento para la realización de todos los derechos proclamados en la Declaración Universal. Lo que hace que la pena de muerte sea aún más indefendible y la causa en pro de su abolición es que posea alguna característica que la haga especialmente adecuada para atender a una verdadera necesidad social. Lo esencial de los derechos humanos fundamentalmente es que son inalienables. No puede privarse de ellos ni siquiera a una persona que ha cometido los crímenes más atroces. Los derechos humanos son aplicables tanto a los peores de entre nosotros como a los mejores y precisamente por ello, nos protegen a todos. Una ejecución no puede servir de manifestación de condena del acto de matar cuando ella misma consiste en el acto de matar.La experiencia de la aplicación práctica de la pena de muerte revela que ningún sistema de justicia penal es capaz de decidir de manera justa, coherente e infalible quien debe vivir y quien debe morir.